Principio de Legalidad, una perspectiva universal

El conocimiento es universal, hacerlo “universal” es dar la oportunidad de su alcance al entendimiento de cualquier ser humano, lo que conlleva no necesariamente que, en todos los casos, se requiera de una especialización particular para su comprensión. En tal virtud el conocimiento de la norma jurídica no puede escapar a este razonamiento, pongamos de ejemplo un mal estar estomacal, producto de una “indigestión”, es tratado a partir del dominio universal que el ser humano posee con medicamentos que, no requieren de un control sanitario, lo mismo que un resfriado común. Cuando alguien posee un vehículo sabe que cada determinado número de kilómetros deberá realizar un mantenimiento preventivo de su unidad como el cambio de aceite, y a otro tanto, su afinación. En los tres casos citados no se requiere, ni ser Doctor, ni Ingeniero, para obtener dichos conocimientos que le permitan actuar en consecuencia, lo mismo debe suceder en el campo del Derecho.

 

Es en razón de lo anterior que debemos propiciar desde la academia, generar condiciones para la construcción de ciudadanía,  más participativa e informada de sus derechos, dentro de los cuáles, estimo de primordial aspecto entender el denominado “principio de legalidad”.

 

Principio  Wikipedia, la enciclopedia libre, lo define como:

 

“Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito. (sic) Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, en matemáticas, algoritmia y otros campos también existen principios necesarios o que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de hechos.

Otra manera de concebir los principios inherentes a un sistema o una disciplina es como un reflejo de las características esenciales de un sistema, que los usuarios o investigadores asumen, y sin los cual no es posible trabajar, comprender o usar dicho sistema”

El diccionario de la real academia de la lengua nos dice que por principio se define:

Primer instante del ser de algo.

Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa.

Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia.

 Causa, origen de algo.

Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes.

Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta

 

Retomando a Wikipedia  conceptualiza al principio de  legalidad como:

“El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la constitución actual o al imperio de la ley.”

Ahora bien de manera muy particular en el caso del sistema jurídico mexicano, ¿dónde podemos encontrar tal principio? ¿Existe alguna ley, reglamento o decreto que lo defina? Estos planteamientos sería lógico que los particulares se los formulen, si fuese su deseo conocer tal principio y en consecuencia poder entenderlo, por lo que debemos señalar que este se encuentra no con ese nombre específico  (principio de legalidad) pero perfectamente definido en su alcance, por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos a partir de los cuales se puede inferir y afirmar que, el ciudadano puede hacer todo aquello que no le este expresamente prohibido por la ley, y que en consecuencia la autoridad solo podrá hacer aquello que le este expresamente permitido. Nuevamente valdría la pena señalar que tales aseveraciones no se encontrarán de manera expresa en un ordenamiento normativo, sino que son realizadas a partir de una lectura armónica de los dos numerales constitucionales a los que en este párrafo me he referido, y que más adelante en este artículo habré de pronunciarme de manera particular, lo que corrobora lo antes manifestado.

Ejemplifiquemos a partir de lo antes expuesto para facilitar su comprensión. Para que un elemento policial (autoridad) pueda levantar una multa de tránsito, boleta de infracción (acto de autoridad)  debe de tener esa facultad expresa (posibilidad para realizar la multa en cita) en un ordenamiento jurídico (reglamento, ley, decreto etc.).

La autoridad no puede actuar de manera caprichosa ni a impulsos, debe apegar sus actos a las normas previamente establecidas, el principio de legalidad le atribuye en tal virtud una carga, esa carga le mandata para apegarse estrictamente a la norma que rige su actuar.

Ahora bien revisemos el texto constitucional lo que nos permitirá dar mayor claridad a los conceptos antes esbozados:

Artículo 14 …”Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

 

Dicho precepto mandata que la privación de cualquier derecho de los individuos, requiere necesariamente que exista un “juicio” donde la persona a la que se pretende privar de ellos, tenga la oportunidad de ser oído y vencido, aporte todas las pruebas que tenga a su alcance o bien considere oportunas y procedentes en su beneficio, y estas sean valoradas por un juez imparcial, establecido con anterioridad al hecho que habrá de analizar, y en aplicación de la ley, pueda  determinar lo que conforme a derecho corresponda.

 

Artículo 16 “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”

 

Este artículo complementa lo anteriormente referido, ya que habla no sólo de la privación, sino de cualquier “acto de molestia” y el concepto de molestia es de una amplitud mucho mayor, es oportuno indicar que  esto no implica que la autoridad permanezca pasiva para realizar las tareas que por ley le han sido asignadas, pero si condiciona sus actos a que estén  “fundados” a partir de ello debemos entender que existe una norma que contempla la hipótesis bajo la cual se conduce, y” motivados” lo que se traduce en los razonamientos lógico jurídicos  de los que la autoridad estima  puede actuar a partir de la premisa normativa que se adecua al caso particular,  a ello debemos sumar que el acto de  esa autoridad deberá ser por escrito, lo que presupone que este elaborados  previamente su realización ( documentado) y emitido por una autoridad competente, que tenga facultades expresas para ello ;retomando el ejemplo ya citado,   un oficial de policía y tránsito municipal, o estatal levanta una infracción por que existe un “reglamento” que lo faculta para ello en razón de que un particular estacionó su vehiculo en un lugar que tenía expresamente prohibido esa posibilidad, o bien era exclusivo para personas discapacitadas y él no se encontraba en ese supuesto, lo que esta considerado a su vez en el reglamento de referencia, por lo tanto es procedente que el oficial pueda  realizar la correspondiente “infracción” por violentar el particular la normatividad.

 

En el ejemplo anterior citado puede observarse y deducirse que el actuar de la autoridad es correcto y cumple con el principio de legalidad, pero supongamos que es un “inspector de espectáculos”, una persona que trabaja para el Municipio quien observa al ciudadano estacionarse de manera indebida, por su puesto que reúne la calidad de ser servidor público, pero dentro de  sus funciones no esta expresamente la posibilidad de elaborar infracciones de tránsito, y es este quien elabora la infracción, su actuar violenta el principio de legalidad por carecer de competencia para emitir el acto de autoridad.

 

En razón de lo anterior puede inferirse la importancia que radica para que  el principio de legalidad, no debe ser algo que solo los juristas conozcan, resulta como se ha mencionado importante que sea un concepto de dominio universal y de uso y aplicación diaria de la ciudadanía, que le permita conducirse con responsabilidad pero con pleno conocimiento de sus derechos frente a la autoridad.

 

Todos los días el ciudadano promedio tiene contacto con las autoridades, su actuar puede tener infinidad de manifestaciones, la obtención de una licencia de conducir, el trámite que se realiza para obtener un acta de nacimiento, matrimonio, pago de derechos, etc.  Y no siempre el actuar de la autoridad se apega al principio de legalidad, si no se dimensiona el alcance y protección que en nuestro favor establece el principio de legalidad,  resulta posible que se vulneren o afecten nuestros derechos, en ello radica la importancia de difundir en la ciudadanía este concepto, que como ha quedado plasmado no implica una complejidad mayor que la de entender como se afirmo renglones a tras de una manera muy coloquial que: el gobernado puede hacer todo aquello que el desee, siempre y cuando no este expresamente prohibido por la ley, y en sentido contrario, la autoridad solo podrá hacer aquello que le este expresamente permitido por la ley.

 

Por su atención muchas gracias.

 

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